El intento de los obispos de polititizar la Semana Santa al querer convertir las procesiones en manifestaciones contra la nueva ley del aborto ha fracasado estrepitosamente.
La mayoría de las cofradías se negaron a portar el lazo blanco contra esta ley y algunas de las que lo hicieron se quedaron sin costaleros. Lo que las obligó a buscar sustitutos y recortar recorridos.
En Sevilla ciudad "procesionaria" por excelencia que llega a reunir alrededor de un millón de personas en alguna de sus procesiones ninguna cofradía se puso el lazo.
Como en otras ocasiones, alcaldes y concejales marcharon al paso de estas manifestaciones demostrando una vez la inter relación del Estado y la Iglesia en un país con una Constitución que se declara "aconfesional".
FACUA organización de defensa de los consumidores reclamó en Castilla y León que la policía disolviese las procesiones si estas se convertían en actos políticos. cosa para la cual no estaban autorizadas.
La negativa de muchos cofrades y costaleros a "enlazarse" viene a demostrar que la Semana Santa y sus procesiones son cada vez más una tradición que como un hecho religioso.
Ahora hay que plantearse si es coherente por parte de la Iglesia la política que hace en contra de las leyes del gobierno cuando somos todos/as los ciudadanos los que con nuestros impuestos mantenemos a esta secta y pagamos su existencia. Incluyendo los gastos que supone la Semana Santa. Ornamentos florales en "los pasos" de varios miles de euros, gastos extras en limpieza, cortes de calle, operarios y cuerpos represivos.
La mayoría de las cofradías se negaron a portar el lazo blanco contra esta ley y algunas de las que lo hicieron se quedaron sin costaleros. Lo que las obligó a buscar sustitutos y recortar recorridos.
En Sevilla ciudad "procesionaria" por excelencia que llega a reunir alrededor de un millón de personas en alguna de sus procesiones ninguna cofradía se puso el lazo.
Como en otras ocasiones, alcaldes y concejales marcharon al paso de estas manifestaciones demostrando una vez la inter relación del Estado y la Iglesia en un país con una Constitución que se declara "aconfesional".
FACUA organización de defensa de los consumidores reclamó en Castilla y León que la policía disolviese las procesiones si estas se convertían en actos políticos. cosa para la cual no estaban autorizadas.
La negativa de muchos cofrades y costaleros a "enlazarse" viene a demostrar que la Semana Santa y sus procesiones son cada vez más una tradición que como un hecho religioso.
Ahora hay que plantearse si es coherente por parte de la Iglesia la política que hace en contra de las leyes del gobierno cuando somos todos/as los ciudadanos los que con nuestros impuestos mantenemos a esta secta y pagamos su existencia. Incluyendo los gastos que supone la Semana Santa. Ornamentos florales en "los pasos" de varios miles de euros, gastos extras en limpieza, cortes de calle, operarios y cuerpos represivos.
